Panamá 2023
El Corte Supremo de Panamá debe legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y reconocer la identidad de género de manera legal.
• El Ministerio de Educación debe garantizar políticas públicas autónomas que no perjudiquen a los/las estudiantes, sobre todo en lo que corresponde a políticas educativas sobre sexualidad. Aunque el curso de religión católica no sea obligatorio asistir, la fuerte presencia de este curso en escuelas públicas fortalece el poder de la religión católica y su sistema de valores y morales que pueden afectar el enseño de educación integrada en sexualidad
El país atendiendo a recomendaciones de diversos Comités de Derechos Humanos, debe adoptar y aplicar medidas jurídicas, políticas y programáticas destinadas a proteger frente a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género; así como garantizar el disfrute de esta población de sus Derechos Humanos
• Se deben adecuar las guías existentes, desde un enfoque de género y derechos humanos, basado en evidencia científica
• Se recomienda diseñar una política unificada en material de SSyR que contemple las necesidades de toda la población y considere a todas las orientaciones e identidades.
• Crear una política de SSyR específica para jóvenes, tomando en cuenta jóvenes en toda su diversidad. La creación de una política fortalecería los programas y les daría sostenibilidad. La política debe incluir recursos financieros específicos asignados a servicios de SSyR para adolescentes.
• Se deben revisar los plazos para la interrupción legal del embarazo, considerando la alta prevalencia de delitos sexuales en el país, en su mayoría contra niñas y adolescentes. • Se debe atender las observaciones realizadas en el año 2018 por el Comité de los Derechos del Niño que recomendó a Panamá la despenalización del aborto en todos los casos y que velara porque las niñas puedan abortar en condiciones seguras y ser atendidas tras hacerlo; además, que revisara su legislación para salvaguardar el interés superior de las niñas embarazadas y velara porque sus opiniones se escuchen y siempre se tengan debidamente en cuenta en las decisiones relacionadas con el aborto.
• Asignar un presupuesto específico y transparente para la mortalidad materna
• Reconocer en una política publica un marco legal vigente garantizados a las mujeres el respeto a sus derechos en sus decisiones reproductivas, incluso sus decisiones en la forma en que quieren seguir en su parto y puerperio
• Se recomienda que el Ministerio de Salud elimine el requerimiento de consentimiento de padre/madre/tutor para que menores de 16 años acceder pruebas y resultados de VIH, protegiendo la confidencialidad de y el derecho para acceder servicios de salud. El Ministerio de Salud se debe proporcionar la provisión de pruebas de VIH para todos independientemente de edad, orientación sexual, género, empleo, raza, o cualquiera otra identidad
• Se debe dotar de presupuesto necesario para la implementación de las normas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, incluida la Ley 82/2013. • Crear mecanismos legales para que los servicios de salud sexual y reproductiva referencian-canalicen casos de violencia por orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales a las instancias correspondientes de salud y justicia. • Incluir la homofobia y la violencia por orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales en el Código Penal de Panamá
• El Ministerio de Salud debería desarrollar un mecanismo específico para rendición de cuentas sobre el Consenso de Montevideo, que se reúne con frecuencia, que sea multisectorial, que genere reportes públicos, y que incluya mecanismos formales de participación de la sociedad civil para el monitoreo y evaluación del Consenso de Montevideo.