Guatemala 2023

60%

En términos generales Guatemala se encuentra entre algo por debajo del promedio respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo. Debe recordarse que este monitoreo social evalúa el marco legal, político y programático y no mide la implementación de los mismos. Se destacan los siguientes aspectos: El progreso en los temas de parto humanizado, atención especializada a víctimas de violencia de género y prevención de mortalidad materna, y los desafíos que continúan pendientes en aborto, educación integral en sexualidad y rendición de cuentas.

60%

1. Expresar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI a través de leyes y políticas públicas.


2. Modificar el marco legal vigente para eliminar el término concepción, que es subjetivo, y cambiarlo por fecundación, que es un término científico.


3. El Congreso de la República debe legislar en favor del reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos.

63%

1. Eliminar las exenciones fiscales a las iglesias de cualquier religión respecto del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado.


2. El Congreso debe reconocer expresamente y divulgar el principio de la diversidad como valor.

35%

El Ministerio de Educación debe diseñar un programa nacional de EIS que sea obligatorio en todos los niveles de la educación formal, y asignar un presupuesto específico para su implementación.

78%

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe implementar la estrategia de salud sexual y reproductiva para las mujeres con VIH y la estrategia nacional de salud integral para las personas trans, designando presupuesto específico para su operativización.

72%

1. El Ministerio de Salud debe elaborar e implementar una política de salud sexual y reproductiva específica para jóvenes desde una perspectiva de ejercicio de los derechos humanos, y fortalecer el rol del Programa Nacional de Salud Reproductiva.


2. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe solicitar en su presupuesto de egresos recursos específicos para el buen funcionamiento de los espacios amigables, y garantizar el acceso a la información, educación y comunicación para el cambio de comportamiento.

27%

1. Presentar proyectos de ley que permitan otras causales para la interrupción del embarazo.


2. Deben revisar la normativa y el protocolo para mejorar el acceso a servicios de interrupción terapéutica del embarazo y, así, garantizar la dignidad humana de las mujeres.

85%

1. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe incrementar el presupuesto destinado a la prevención de la morbi-mortalidad materna e infantil, y garantizar su adecuada ejecución.


2. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe reconoce e incorpora a la comadrona tradicional a los servicios de atención del embarazo, parto y puerperio como parte de la prevención de la mortalidad materna y neonatal, y garantizar una atención de buena calidad.

95%

1. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe institucionalizar las capacitaciones al personal médico para brindar atención humanizada del parto, nacimiento y post parto como una línea de acción dentro de un programa, con el fin de prevenir la violencia obstétrica y la mortalidad materna.


2. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe establecer e implementar mecanismos que permitan a las usuarias evaluar la atención que reciben durante el embarazo y el parto y recopilar esta información a fin de identificar deficiencias en la calidad de los servicios médicos e intervenir para mejorarla.

74%

1. El Congreso debe aprobar una ley que modifique el Decreto 27-2000 para garantizar el libre acceso a la prueba diagnóstica del VIH para las y los adolescentes menores de 18 años.


2. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe garantizar el abastecimiento adecuado de medicamentos antiretrovirales para las personas con VIH.


3. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe fortalecer el rol del Programa Nacional del VIH-SIDA.

82%

1. Modificar el Código Penal para que establezca la orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales de la víctima como agravante en los delitos de violencia y discriminación, o que tipifique los crímenes de odio o prejuicio.


2. Fortalecer las capacidades de recolección de evidencia, construcción de casos y litigación del Ministerio Público para incrementar el número de condenas.

38%

Modificar el diseño institucional a fin de esclarecer la distribución de competencias y, así, fortalecer la coordinación entre instituciones en la formulación e implementación de un sistema de monitoreo del Consenso de Montevideo.