Ecuador 2023

Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia.

Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Fortalecer la laicidad a niveles de leyes y programas nacionales de salud y educación.

Establecer mecanismos de prevención, presentación de campañas para sensibilizar y concienciar a las comunidades del impacto del matrimonio infantil por medio de teatros callejeros, carreras de bicicletas y fomentando el diálogo en las comunidades, lo cual a menudo da como resultado la promesa colectiva de terminar con el matrimonio infantil.

Aprobar una nueva ley de lucha contra la discriminación en la que específicamente se haga referencia a la orientación sexual y la identidad de género.

Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva.

Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación.

Ecuador debe crear una ley que asegure la universalización de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en todo su sistema educativo, con pertinencia de interculturalidad crítica, enfoque transformador de género, diversidad sexo-genérica, perspectiva de curso de vida y acorde a la etapa de desarrollo del sujeto y de las personas con discapacidad. La elaboración de políticas públicas para la EIS debe asegurar inversiones necesarias para su implementación sistemática, tanto en el ámbito educativo formal (Sistema educativo), así como en los procesos de educación popular en las comunidades. Estas políticas públicas también deben asegurar transformaciones en el sistema de formación universitaria para docentes, asegurando que cursen estudios en EIS, como parte de la malla curricular. Los docentes de todos los niveles desde la educación inicial hasta la universidad, deberían tener como obligatoriedad la formación en EIS para su desempeño laboral

Garantizar el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos mediante el acceso a una educación sexual integral. El sector de la salud pública debería tener en cuenta las vulneraciones de la libertad sexual y la importancia de los embarazos precoces en el país, y combatir la discriminación relacionada con las condiciones socioeconómicas. Adoptar políticas públicas para aumentar el acceso a la planificación familiar y los anticonceptivos de emergencia, la educación sexual integral y despenalizar el aborto en los casos de violación, incesto, peligro para la viabilidad del feto y para la salud de la madre.

Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños

Hacer efectivas las políticas que garantizan el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras.

Seguir promoviendo la igualdad de género y combatiendo la violencia contra la mujer. Intensificar los esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer y garantizar que las mujeres víctimas de la violencia reciban ayuda adecuada y que los autores sean llevados ante la justicia. Fortalecer las acciones multisectoriales destinadas a erradicar la violencia de género, teniendo en cuenta la importancia del empoderamiento de derechos e iniciativas de sensibilización, con especial atención a los mecanismos adecuados para tales fines. Proporcionar un presupuesto suficiente para centros de emergencia para las mujeres víctimas de la violencia a fin de que puedan cumplir su mandato