Chile 2023

En términos generales Chile ha mejorado su puntaje respecto a 2017 en cuanto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo. Debe recordarse que estas mejoras refieren a cambios en el marco legal, político y programático y no necesariamente a la implementación de los mismos. Se destacan los siguientes aspectos: El progreso en los temas de derechos sexuales con la aprobación en el año 2021 el matrimonio entre personas del mismo sexo, la mejora en coordinación institucional y campañas para atender a victimas de violencia de genero y la elaboración de una política de salud sexual y reproductiva en 2018. Sin embargo, los desafíos pendientes siguen siendo en educación integral en sexualidad y aborto, que presentan grandes barreras para el cumplimiento de los compromisos asumidos.

1. Se propone la creación de una Ley de Educación Sexual Integral, que incluya participación de los diversos actores de la sociedad para avanzar en una transversalización de la información y formación libre de prejuicios y sesos de género.


2. Es conveniente que se realicen campañas masivas y focalizadas de educación sexual que abarquen una gran cantidad de espacios además del educacional.


3. El Ministerio de Salud debe garantizar capacitaciones periodicas a su personal de salud sexual y reproductiva en materias de regulación de fertilidad, atención a las diversas identidades de género y en materias de interrupción voluntaria del embarazo.

Chile es un Estado laico por lo que se recomienda contar con mecanismos que aseguren que las creencias religiosas o morales no interfieran en la creación, modificación y aplicación de leyes que aboguen por el bienestar de las personas, con especial énfasis en los lineamientos mundiales respecto a los derechos humanos (Por ej. la objeción de conciencia institucional en el caso de la Ley 21.030) De este modo, no habrá contradicciones entre la defensa y protección de los DDHH, por una parte, y las leyes basadas en fundamentos y creencias religiosas personales aplicadas a la política, por la otra. Se recomienda que el Estado avance en derogar la justicia eclesiástica. Adicionalmente avanzar hacia el principio de laicidad como un principio de Estado.

3. Capacitación permanente a todos los miembros de la comunidad educativa, que incluya trabajadores en servicio, pero también en formación (que se contemplen dentro de las mallas curriculares de las profesiones vinculadas con la educación).


4. Generar herramientas de sistematización de la información para esta materia, que incluyan indicadores relativos a las diferentes acciones y medidas adoptadas.


5. Actualizar orientaciones y materiales emanados por el Ministerio de Educación dirigidos a las comunidades educativas, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.


1. Diseño e ingreso del proyecto de ley sobre Educación en Afectividad y Sexualidad Integral, que establezca que sea aplicable a todos los niveles de enseñanza.


2. Asignación presupuestaria específica para esta materia, vinculada a la realización de jornadas participativas, material entregable, capacitaciones, etc.

Destinar un presupuesto específico para capacitación del personal en SSR, incluyendo diversidad de género y diversidad sexual.


Generar campañas de educación para usuarias y usuarios y para el personal

1. Fortalecer los Espacios Amigables para jóvenes, ampliando su cobertura y capacitación de los profesionales.


2. Reducir las barreras de acceso relacionadas con el trato a las personas jóvenes y acercar estos servicios a los ambientes comunitarios


3. Actualización de la normativa clínica de prestaciones de salud sexual y reproductiva relacionadas con la expresión de género (readecuaciones sexuales y tratamientos masculinizantes o feminizantes) para garantizar cobertura a toda la población, incluyendo personas menores de 18 años, sin discriminación ni patologización psiquiátrica de las personas que los requieran.


4. Promover campañas informativas sobre los servicios, normas y derechos específicos para la gente joven.


5. Identificar todos los grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad y determinar sus necesidades específicas para reconocerlas e incorporarlas oficialmente al conjunto de políticas y programas de SSR.

1. Promover información oficial de la Ley 21.030 que sea de fácil acceso para las mujeres, que utilice un lenguaje sencillo y libre de estereotipos y sesgos de género. Se recomienda especialmente difundir información de esta prestación en consultorios y en los servicios dirigidos a niñas y adolescentes.


2. Reactiva la programación de Mifepristona de manera transversal en todos los hospitales que practiquen abortos farmacologicos.


3. Implementar sistemática y transversalmente el manual de fiscalización de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y generar mecanismos oportunos de corrección y sanción frente a la identificación de irregularidades.


4. Ejercer adecuadamente una fiscalización a la objeción de conciencia para asegurar su adecuado cumplimiento y no afectación a las mujeres.


5. Implementar una Encuesta de Satisfacción Usuaria para dotar con indicadores de calidad la evaluación de esta prestación de salud.


6. Actualizar la norma técnica de aborto qeu se encunetra desactualizada respecto de las ultimas recomendacions de la OMS, de manera que incluya la participación de la sociedad civil.


7. Fortalecer las capacitaciones a los profesionales para brindar un servicio de aborto con cumplimiento a estandares internacionales y sensibiizar respecto de los alcances de la objeción de conciencia.

Generar documento sobre reducción de la mortalidad materna que incluya estrategias de abordaje pre concepcional, actualización del actual control prenatal (vigente desde la década de los 80) y manejo de las patologías de alto riesgo obstétrico.

1. Se recomienda al Estado de Chile que, con el fin de asegurar garantías mínimas para que las mujeres y personas gestantes del país puedan acceder a un parto humanizado, se debe regularizar y permitir normativamente el parto domiciliario o en lugares distintos a los centros de salud, facultando a las/os/es profesionales de la salud el ejercicio de sus funciones en estos espacios sin temor a la criminalización, adoptando los reglamentos, recomendaciones y normativas internacionales en la materia al derecho interno.


2. Aprobación de una ley que reconozca derechos en el ámbito de la gestación preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica

1. Realizar campañas comunitarias sobre el VIH con mayor alcance (que lleguen a mayor cantidad de gente y a mayor diversidad de grupos) y mayor impacto informativo que inviten a realizarse el test al menos una vez al año, tanto si se tiene múltiples parejas sexuales como si se tiene solo una.


2. Incrementar la educación sexual en los colegios con énfasis en las relaciones sexuales protegidas, promoviendo el uso del condón a través de una revaloración de este método de barrera en todo tipo de práctica sexual.


3. Realizar una campaña que trabaje apunte a suprimir la estigmatización y la discriminación para eliminar el miedo a realizarse el test y que no se marginalice a las personas que viven con el virus.


4. Implementar capacitaciones para los funcionarios sobre consejería sobre el VIH y acompañamiento del test con enfoque de derechos y en relación con el trabajo con poblaciones vulnerables.

3. Ampliar la cobertura hacia dispositivos que aborden la violencia en parejas del mismo sexo y en la comunidad LGTBIQ+.


1. Se hace necesario trabajar articuladamente con las organizaciones de la sociedad civil para avanzar hacia un reconocimiento de las diferentes violencias en contra de las mujeres más allá del espacio íntimo y impulsar mediante una avanzada generalizadas y estratégica para derogar todas aquellas leyes y normas que perpetúan las violencias y discriminaciones en contra de las mujeres y niñas.


2. Se hace necesario un trabajo articulado entre los diferentes actores y actrices gubernamentales para avanzar en una pesquiza temprana de casos de violencia y poder promover y ofrecer diversas alternativas a aquellas mujeres sobrevivientes de violencia

1. Hacer público el acceso a información para las organizaciones que trabajan en temas relacionados con el consenso, o directamente sobre el consenso, con el fin de establecer un mecanismo de monitoreo de las medidas y acciones aplicadas y, así, rendir cuentas públicamente.


2. Realizar reuniones mensuales con las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en temas relacionados con el consenso en las que se recoja la opinión de cada organización respecto de las medidas y su aplicación, y que dichas opiniones sirvan para modificar procesos que se estén llevando a cabo, con el fin de cumplir con las metas propuestas.


3. Prepare a publicly available document on the budget allocated to each item and measure related to the consensus, with specific distinctions for each measure and theme.